Denuncian que 30 niñas yanomamis quedaron embarazadas tras ser violadas por mineros ilegales
El gobierno de Lula investiga también la "muerte evitable" por enfermedad de 570 niños de esta etnia durante los cuatro años de mandato de Bolsonaro.
Las autoridades brasileñas declararon el estado de emergencia sanitaria en el Territorio Indígena Yanomami, una enorme reserva del norte de Brasil, fronteriza con Venezuela, ante el agravamiento de los problemas causados por la presencia de más de 20.000 mineros ilegales en busca de oro, que dejan ríos contaminados y provocan la propagación de enfermedades como la malaria.
Numerosas denuncias
Hay numerosas denuncias de abusos sexuales y otros delitos contra los derechos humanos cometidos por los mineros, entre los más de 27.000 indígenas que viven en la reserva.
Su situación de indefensión empeoró mucho durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien llegó al poder en 2018 con un discurso a favor de la explotación comercial de las áreas protegidas de la Amazonía y con la promesa de no demarcar "ni un centímetro más" de tierra para los indígenas.
El años pasado un informe titulado 'Yanomami bajo ataque: Minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami y propuestas para combatirla', publicado por la Asociación Hutukara Yanomami, denunció que los mineros exigen sexo con mujeres y niñas a cambio de comida.
Tras revelarse hace dos semanas la magnitud de la crisis humanitaria de los yanomamis, la Policía Federal y el Poder Judicial decidieron investigar al mandatario por "genocidio" y omisión en la respuesta sanitaria a los indígenas. También se investiga a los estados de Roraima y Amazonas, que comparten territorialmente la reserva, y el poder municipal, por la situación de abandono en la que viven estos pueblos tradicionales.
"Nuestra misión es investigar los vacíos en las políticas públicas para proteger a los pueblos indígenas. Estamos verificando, además de las causas de mortalidad infantil, 570 muertes de niños por causas evitables en los últimos cuatro años", dijo Castro.
Y agregó que también se investigan "posibles adopciones ilegales de niños indígenas, abusos sexuales, explotación sexual infantil, fallos en la atención de la salud de las mujeres embarazadas y los niños, y en el combate a la desnutrición de los niños indígenas en su primera infancia".