ARGENTINA NO PUEDE SER ESPARTA
Las noticias a media semana de lo que está pasando con la Administración Nacional de Discapacidad genera verguenza, bronca, oprobio, porque en el marco de la investigación de esos casos de corrupción, el juez federal Ariel Lijo a cargo temporalmente del juzgado que antes lideraba Sebastián Casanello, ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona el cobro de sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales en los medicamentos de alto costo.
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Por Carlos del Frade
El ex director de esa agencia de discapacidad, Diego Spagnuolo afirma que las piezas de ese audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas. Ante ese escenario la gendarmería nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital.
Lo cierto es que estamos en medio de una fenomenal corrupción nada menos, que en uno de los sectores más sensibles de la sociedad como es la cuestión de la discapacidad. Más allá de todo lo que suceda en la justicia, Spagnuolo se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociación incompatible, bajo un embargo de 202 mil millones de pesos.
La hipótesis del ministerio público fiscal de que hay una estructura carterizada donde ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad direccionaba las licitaciones públicas. Esta investigación detectó precios millonarios no solo en remedios complejos sino, en insumos ortopédicos básicos como andadores. Lo cierto es que esta información que apareció en los medios de comunicación se relaciona directamente con la desesperación que tienen los centros de asistencia de discapacitados en la segunda provincia de Argentina, como es la provincia de Santa Fe.
En mayo de este año 2026, las dos asociaciones más grandes de la provincia que se llaman APRILP y UENDISFE, brindaron un informe sobre la cantidad de servicios terapéuticos, educativos y del hogar que alcanzaban en ese momento a 3324 personas con discapacidad beneficiarias de diversas coberturas como el IAPOS, SALUD, PAMI, prepagas y organizaciones sindicales.
Servicios de la capital, Santo Tomé, San Jerónimo norte, Tostado, Recreo, Colastiné, Pilar, San Justo, Franck, San Cristóbal, Galvez, Esperanza, Sunchales, San Carlos centro, Angel Gallardo, Laguna Paiva, San Javier, Helvecia, San Rafael, Santo Domingo, Rosario, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Roldán y Casilda. En todas estas organizaciones se sostienen 1733 puestos de trabajo correspondientes a diversas ramas: Limpieza, higiene, áreas médicas, clínicas, terapéuticas, docente, administrativa y de capacitación en oficio.
Todo esto dejo de funcionar por la decisión del gobierno de Milei a pedido, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional, de aplicar la triste y cruel decisión de la motosierra que ha generado en los últimos meses una deuda enorme de casi 70 mil millones de pesos para con todo el país de acuerdo a lo que dicen aquí los prestadores en Rosario.
Por eso frente a esta situación que por supuesto, concierne a toda la provincia, y estamos hablando de las personas con discapacidad en estos centros para su atención, en la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, su gobernador, puso un decreto para poner 3.000 millones de pesos para sostener de forma emergente lo que está sucediendo. En la legislatura de la provincia de Santa Fe nosotros hicimos algo similar, pusimos un proyecto de ley de emergencia.
Las organizaciones vinculadas a discapacidad van haciendo todo lo posible para que se trate y por ahora el gobierno de Pullaro ha respondido aumentando el presupuesto para discapacidad, pero no se sabe cuánto y tampoco si llega, y cómo llega a cada organismo de discapacidad.
Lo que queda claro es que una de las páginas más crueles, más criminales del gobierno de Milei hoy es el desprecio por los discapacitados, como si la Argentina se hubiera convertido en Esparta.
Aquello que quedó reflejado en la película Trescientos, cuando se decía con absoluta seriedad -lo cual es un hecho histórico- que en Esparta quién nacía con distintas discapacidades se lo mataba arrojándolo desde un monte al fondo del mar.
Argentina no puede ser Esparta pero más allá de lo que ocurra en Argentina, Santa Fe no puede ni debe ser Esparta, por eso es fundamental crear leyes de emergencia para uno de los sectores más desprotegidos como es la discapacidad en todos sus niveles.
