EL CONTROL SOCIAL Y EL NEGOCIO POLITICO
La cuestión de la seguridad sigue siendo una especie de bandera política y económica que se usa especialmente desde Buenos Aires para tener trascendencia y generar expectativas de votos especialmente allí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde Patricia Bullrich va a ser candidata a senadora nacional de acuerdo a lo que le pidió el propio presidente de la Nación.
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Por Carlos del Frade
En ese contexto la idea de aplicar la Ley Antimafia -Ley 27786- por primera vez en tres barrios de la ciudad de Rosario, Santa Lucía, Emaús, y 7 de Septiembre, tiene más que ver, con una necesidad política y con una necesidad concreta de mayor seguridad basada específicamente en la represión de las fuerzas federales que con lo que está pasando en esas tres geografías rosarinas.
Nosotros nos dimos el trabajo de hablar con referentes de los tres barrios y nos encontramos que en ninguna de estas zonas existe el nivel de violencia que existía cuatro años atrás, especialmente, por lo que han hecho las organizaciones en los barrios que habilitaron lugares de encuentro, y a partir de estas actividades, que van desde la formación en trabajos y oficios que han generado un presente -en donde a la vez- de la disminución de homicidios que dice permanentemente el gobierno provincial que se ha logrado en Rosario, cosa que se puede verificar, también en forma simultánea, se ha configurado una realidad social distinta, abierta, -insisto- más que nada por la práctica de las organizaciones sociales que trabajan en esos barrios.
En medio de ese panorama, la aplicación de la ley antimafia y zona especial bajo investigación, definida así por esta ley para estos barrios de Rosario, tiene más que ver con esas ideas desde Buenos Aires y con el negocio que supone como siempre, el armamento para las fuerzas de seguridad y que generalmente, es representado por quien es el actual marido de Patricia Bullrich, un hombre vinculado a la venta de armas en Argentina, de parte de gobiernos como EE.UU y de Israel, absolutamente relacionados con el actual gobierno nacional.
A partir de esta situación lo que surge en los barrios rosarinos es la necesidad de multiplicar todo lo que tiene que ver con la inversión social que va desde aguas, zanjas, iluminación, lo que tiene que ver con el servicio de profesionales como psicólogos y hospitales en los centros de salud en cada uno de estos barrios, pero no parece existir una organización mafiosa que estuviera a punto de tomar el territorio como argumento de porqué se podría aplicar la Ley Antimafia en alguna región de la Argentina.
Además esta ley, no tiene el acompañamiento de la legislatura de la provincia de Santa Fe que no ha tratado la adhesión a la ley nacional, con lo cual, se convierte en algo absolutamente ilegal más allá del anuncio rimbombante que hizo el gobierno nacional, especialmente a partir de Patricia Bullrich.
La otra cuestión que también es interesante de observar es que el juez federal que dispuso la intervención de las fuerzas federales a través de esta ley es el Dr. Eduardo Da Cruz, un hombre que termina asumiendo bajo el gobierno de Milei y que parece estar más emparentado con los intereses políticos de los funcionarios nacionales que de la realidad social, económica y política que viene atravesando la vida cotidiana de los que habitan en estos tres barrios rosarinos. Por lo tanto esta ley antimafia que se quiere aplicar en Rosario con la complacencia y el silencio, por otro lado, del intendente Pablo Javkin y del gobernador Pullaro tiene más que ver con una herramienta de control social que de brindar seguridad.
Por eso es importante señalar que todo esto que se dice en materia de seguridad y con la excusa de combatir el narcotráfico son en definitiva la puesta en marcha de un plan que había surgido a finales de la década del 80 y principio de los 90 en los EE.UU que se llama Doctrina de Seguridad Continental que reemplazó a la doctrina de seguridad nacional de los años 70 y que posibilitó la intervención de las fuerzas armadas en las cuestiones internas en los países de América Latina, que en la idea de luchar en contra del terrorismo internacional terminó generando genocidios en la región.
Lo cierto es que hoy, los barrios rosarinos están lejos de pensar de que existen mafias que estén alterando la vida conectiva de esos barrios por lo tanto, la aplicación de esta ley tiene más que ver con el control social, el negocio político y algunos negocios económicos en pos de dotar a las fuerzas de seguridad de mayor armamento que van a vender empresarios totalmente vinculados al gobierno nacional.
Programa N° 246, emitido el 1/8
