Argentina en alerta ambiental por las nuevas reformas de Ley
Más de 100 organizaciones se han unido para poner freno a las nuevas reformas de Ley en materia de Bosques, Glaciares y Pesca; intentar revertir algunos puntos y negociar en el último momento.
A muchas organizaciones ecologistas les preocupa que entre las 664 enmiendas propuestas a la ley ómnibus, algunas tengan como objetivo sabotear y desregular la ley de protección de la naturaleza.
Poco más de un mes antes de que el nuevo gobierno fuera ratificado como parte del Acuerdo de París en Dubai, ya estaba causando preocupaciones en el sector medioambiental. En una carta pública (63113.pdf), más de 100 organizaciones calificaron de "regresiva" la propuesta del oficialismo, exigieron el rechazo de algunos aspectos de la misma y pidieron la formación de comités especializados para considerar esta iniciativa. Están intentando enviar advertencias a varios bloques del Congreso y han logrado algunas victorias.
"Parece que queremos alejar al Estado de su papel central de control y supervisión de cuestiones ambientales que no pueden confiarse a particulares" – Manuel Jaramillo, director ejecutivo de una de las organizaciones de Vida Silvestre. Otras organizaciones pidieron a toda la sociedad civil que firme una petición destinada a impedir que las reformas sigan adelante.
Inicialmente, el proyecto de ley ómnibus buscaba modificar cuatro leyes ambientales: la Ley Forestal (26.331), la Ley de Protección Ambiental Antiquemas (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922). Además, este paquete también incluye un capítulo sobre "transición energética", con la tarea de crear una base mínima para el desarrollo del mercado interno de derechos de emisión.
Sin embargo, poco después de su publicación y de que muchos grupos de gobernadores, parlamentarios y activistas expresaran públicamente su oposición, el ala de diálogo del partido gobernante prometió cambios. La semana pasada, tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como la viceministra de Medio Ambiente, Ana Lamas, admitieron que se habían cometido errores. "Fue un error de interpretación, claro que el equipo encargado de redactar el documento se equivocó en algunos aspectos", admitió Lamas. Ambos funcionarios dijeron que habría cambios en algunos aspectos relacionados con la pesca, los bosques nativos y el control de quemas intencionales.
Las disposiciones restantes siguen siendo las mismas y se espera que sean discutidas en sesiones extraordinarias que finalizarán el 31 de enero. En las últimas horas, un comité que representa a organizaciones ambientalistas se reunió con Lamas para presentar sus puntos de vista y llegar a un consenso. Allí, las organizaciones reiteraron sus preocupaciones y propusieron retrasar la consideración de cuestiones ambientales más allá del paquete regulatorio integral en sesiones ordinarias.
Según las organizaciones, no sólo las amenazas ambientales podrían afectar al país en el mediano y largo plazo, sino que también podrían debilitarse diversos acuerdos internacionales de los que Argentina es parte. "Todas las reformas violan el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú [abocado al acceso a la justicia en asuntos ambientales]. Además, hay varios puntos que son contradictorios con la propia ley general del ambiente", denunció José Esain, abogado de Aves Argentinas, al afirmar que estas reformas podrían afectar la forma en que el mundo percibe a la Argentina en el futuro en temas ambientales y de derechos humanos.
Y esta imagen no es menos importante para el gobierno: el mercado internacional presta cada vez más atención a las cuestiones de protección del medio ambiente, justicia y responsabilidad climática. "Si dejamos de lado los mercados exigentes asociados al primer mundo, nos quedaremos con los mercados que el presidente menos busca", afirmó Hernán Casañas, director general de Aves Argentinas. Esto es algo que no se le escapa a la subsecretaria de Ambiente. "No se vio cuando se redactó la ley, pero puede impedir muchas exportaciones como las de cuero, ganado y pesca", reconoció.
A pesar de este comienzo desalentador, Lamas dijo a la Cámara de Diputados que buscaría consenso sobre las cuestiones ambientales más controvertidas en cuanto a las reformas de Ley. Sin embargo, las organizaciones deben asegurarse de que sus voces sean escuchadas y esto significa que el debate se profundizará. Una forma de hacerlo es evaluar qué pasaría en nuestro país si avanzáramos en el espíritu del Proyecto Miley.
Bosques: alerta por deforestación e incendios forestales descontrolados
Respecto a la Ley de Bosques Nativos, el Ejecutivo pretende cambiar dos aspectos que varios expertos consultados consideraron "el corazón de la ley".
En primer lugar, se busca introducir cambios para permitir la actividad humana en áreas forestales de categoría amarilla y roja (con los permisos ambientales correspondientes) y en áreas verdes sin permiso. En los dos primeros casos, se trata de áreas estrictamente protegidas, tienen un valor natural muy alto y representan aproximadamente el 80% de la superficie forestal natural. Las zonas verdes, aunque admiten la actividad humana, todavía requieren una evaluación de impacto ambiental.
Según Lamas, algunos de estas reformas de Ley serán revisadas porque "amenazan importantes intercambios comerciales y apoyo financiero internacionales con Europa". Un escenario posible es que las zonas amarilla y roja sigan protegidas y la zona verde siga desregulada.
Pero hay otra situación que también preocupa a los ambientalistas y que afecta a la financiación de la protección forestal. En pocas palabras, el ejecutivo en sus reformas de Ley busca eliminar el umbral presupuestario regulatorio que la ley recibe a través del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. En cambio, quiere que la cantidad de dinero para la protección de los bosques se regule específicamente en el presupuesto nacional.
"Si se considera que en 15 años el fondo ha recibido entre el 3 y el 15 por ciento de su asignación, el cambio propuesto sólo empeora la situación. Ahora no habrá ni la mínima participación", advirtió Jaramillo.
Lamas confirmó que esta disposición se mantendría en el texto final, pero expresó confianza en herramientas como la financiación externa y sugirió la voluntad del gobierno de cooperar. "Entiendo que si hay un piso todos se sienten más tranquilos, pero esto es algo que va a mantenerse. Seguramente el Poder Ejecutivo Nacional va a proponer los mismos porcentajes", afirmó. Sin embargo, Jaramillo teme recortes financieros aún mayores que los actuales, y aunque el presupuesto estatal es una de las fuentes de financiación, los recortes drásticos, dijo, harían que la medida ya no fuera efectiva.
En lo que respecta a las reformas de Ley de control de quemas, que regula los incendios intencionales, hay dos enmiendas. Uno de los aspectos fundamentales que regula la norma es que para realizar la quema se debe obtener un permiso y cumplir una serie de requisitos como por qué, dónde y cómo se hará. El nuevo proyecto no incluye los llamados incendios provocados con el objetivo de "protección medioambiental del terreno". En tales casos, no se requerirá licencia. También brinda la oportunidad de obtener el consentimiento tácito para la quema si la provincia responsable de emitir estos permisos no resuelve el proceso dentro de los 30 días.
Según Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación para los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (FARN), brindar mayor flexibilidad para las quemas contribuirá a la propagación de los incendios. En el país, el 95% de los incendios son provocados por incendios intencionales y el control suele ser deficiente, por lo que los expertos vaticinan un escenario preocupante si esta iniciativa continúa.
"Quemar un bosque tiene menos pena que romper un vidrio. Estas reformas de Ley vienen a reforzar un problema que ya existe. Mirá lo que pasó en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, allí también se flexibilizaron los controles y proliferó la quema indiscriminada", dijo Napoli.
Lamas dijo que algunos puntos podrían reconsiderarse. Admitió que "30 días son pocos" para que caduque la licencia. "Buscaríamos eliminar también la palabra tácito. No obstante, la gente que necesita hacer quemas tampoco puede esperar por siempre a recibir una aprobación", afirmó.
Glaciares: ¿Agua en peligro?
La actual legislación sobre glaciares prevé la protección de todas las zonas y prohíbe la realización de actividades comerciales en ellas. Se tienen en cuenta todos los tipos de bloques de hielo y las zonas en que se encuentran. Sin embargo, después de las reformas de Ley propuestas por el poder ejecutivo, algunas zonas quedarían sin protección.
"Lo que hacen estos cambios es reducir el área a proteger. No solo elimina una parte del ambiente periglacial, sino que deja a criterio de las provincias lo que se puede proteger y lo que no" explica Lucas Ruiz, geólogo e investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
El proyecto de reformas de ley prevé modificar dos disposiciones que regulan qué tipos de hielo pueden recibir protección. Los nuevos requisitos estipulan que deben incluirse los glaciares que permanezcan sólidos durante más de dos años, tengan una superficie de una hectárea o más y realicen una función hídrica vital. Todo ello debe ser valorado por las provincias y sus leyes. Si no se cumplen estos requisitos, la provincia podrá abrirse a muchas industrias diferentes.
El argumento de Ruiz et al. es que los requisitos se relacionan con el método, la ubicación y el momento de evaluar el ambiente periglacial. "Estas zonas son grandes embalses que alimentan a los ríos en mayor o menor medida según el año.
Cuando llueve y nieva intensamente, los glaciares sólo pueden suministrar el 10% del agua al río, pero cuando se produce una sequía, esta cifra puede aumentar hasta el 60%. Es por ello que dependiendo del año, la importancia hídrica puede cambiar, pero también el tamaño de los hielos y la extensión", añadió.
Una de las zonas más vulnerables al cambio climático es es la glacial. Ianigla explicó que los glaciares están retrocediendo rápidamente debido al aumento de las temperaturas y la sequía. El instituto estima que la cantidad de hielo que se pierde cada año equivale a agua suficiente para abastecer a toda la población de Argentina durante un año y medio.
En su discurso en la Cámara de Diputados, Lamas aseguró que ninguna región glaciar o subglacial activa se vería afectada, y que la única zona que podría no ser protegida bajo criterios provinciales sería la denominada zona inactiva.
Para los grupos ambientalistas, los cambios son una respuesta a demandas históricas de la industria minera, que ha requerido cada vez más permisos desde que se aprobó la Ley de Glaciares hace casi 14 años. Sostienen que el desarrollo de la industria hacia la zona de los glaciares está amenazando el agua, un recurso que está bajo intensa competencia en la región andina.
Pesca: consecuencias de flexibilizar los controles en las reformas de Ley
Aunque los cambios en el sistema federal de pesca fueron las primeras medidas desreguladoras incluidas en las reformas de Ley ómnibus, los grupos ambientalistas siguen muy preocupados ante el planteo.
Los cambios propuestos promovieron un papel más central del ejecutivo nacional en la toma de decisiones, limitando la participación provincial, lo que fue visto como un golpe a la ventaja que los trabajadores argentinos tienen sobre los extranjeros porque se da una mayor apertura internacional para los negocios.
Contemplaba además, flexibilizar los requisitos legales para la emisión de licencias de pesca y dejaba sin efecto la obligación de traer productos pesqueros a los puertos argentinos.
El último punto es uno de los que más alertó al ámbito medioambiental. Las organizaciones afirman que la imposibilidad de que los barcos lleguen a algún puerto argentino significa la desaparición de una de las formas centrales de control, vigilancia, fiscalización y trazabilidad de la pesca nacional.
Bajo la presión de los gobernadores de las provincias costeras, los empresarios pesqueros y las organizaciones y asociaciones de protección del medio ambiente, se han dejado de lado los aspectos más sensibles de la reforma. Sin embargo, aún no está claro si alguno de los cambios propuestos se incluirá en el texto final.
Transición energética: créditos de carbono para empresas
El proyecto de reformas de ley general desarrolla sólo una propuesta en el capítulo de transición energética: la creación de un mercado de derechos de emisión.
Es un tipo de estrategia vinculada al comercio que tiene como objetivo reducir las emisiones en varios sectores manufactureros y permite a las empresas comerciar con dióxido de carbono, el gas considerado una de las principales causas de la crisis climática.
El principio de funcionamiento de estos sistemas se basa en límites de emisiones que se fijarán en cada sector productivo. Según la propuesta, el mismo director sería responsable de establecer límites para cada industria y cada empresa basándose en criterios poco claros.
Una vez fijado un nivel máximo, las empresas deberían reorganizar sus estructuras productivas para evitar superar ese nivel. Si lo logran, recibirán créditos de carbono equivalentes a una tonelada de CO2. Cuantos menos gases de efecto invernadero emiten, más créditos acumulan.
Por el contrario, si las empresas superan los límites establecidos, están sujetas a sanciones también fijadas por el regulador y pueden adquirir préstamos de empresas más estables. En teoría, esta estrategia es genial. Las Naciones Unidas incluso recomiendan este tipo de sistemas para ayudar a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, y varios países han adoptado este enfoque. "Sin embargo, la regulación del mercado de carbono en todo el mundo es muy débil", advierte Casañas.
Los expertos dicen que en muchos casos, empresas o países falsificaron datos u orquestaron trucos para beneficiarse de estos préstamos. Los grupos ambientalistas dicen que esta estrategia debería implementarse en último lugar y que hay otras estrategias que el gobierno debería desarrollar.
También les preocupa que el Ejecutivo pretenda centralizar tanto la determinación de los límites como los tipos de sanciones; temen que haya intereses de la industria que estén nublando su juicio en estas reformas de Ley.
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