TRANSFORMANDO ALIMENTOS EN VENENOS - II

Concretamente dicen: "El discurso de los proyectos de ley de este tipo es el de las empresas: el argumento es que si no hay un cambio, no llega la tecnología. Se nos dio por encuestar a las empresas para preguntarles a ellas mismas qué tecnologías no tendríamos en la Argentina si no cambia la ley. En todos los casos, son exclusivamente de resistencia a otros herbicidas que no sean el glifosato. Tenemos un modelo de producción muy dependiente de agroquímicos, porque los dueños de las semillas son los mismos dueños de los agroquímicos", apunta Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA.

La dimensión de esa concentración a escala planetaria, y el modo en que se aceleró en los últimos años, mueve a asombro: "Para 2005 la multinacional Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer 21, Dow 12, Dupont 51, y Syngenta 20. De ese modo se aseguraron unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas vendían al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables", describe el informe. La concentración continuó: "En 2018 Bayer adquirió Monsanto, DOW y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió Syngenta y una de las semilleras argentinas más importantes, Nidera". De este modelo de negocios se desprende que hoy en todo el mundo existen sólo tres empresas que concentran el 60 % de las ventas de semillas y el 70 % de los agroquímicos. "Desde esa posición dominante simulan una competencia entre sí, pero en realidad no es tal", suma Schrauf.

¿Qué proponían, concretamente, los proyectos de modificación de la Ley de Semillas? "La principal modificación que planteaba el proyecto del Poder Ejecutivo es quitarle el derecho de uso propio de las semillas a los agricultores.

Es decir, el productor debe volver a pagar si quiere sembrar la semilla que cosechó, se transfiere un beneficio de los agricultores a la industria semillera". El informe aclara que, como resultaría muy difícil sostener lisa y llanamente esta quita de derechos a los pequeños productores, el proyecto hablaba de "excepciones" para los pueblos originarios y la agricultura familiar.

"Pero si en paralelo se les quita todo el apoyo técnico, si se desarma el INTA y los programas que los incluían, si se desmantela la Secretaría de la Agricultura Familiar, si se intenta permanentemente desplazarlos de sus tierras, carece de sentido hablar de excepciones", advierte Alejandro Balazote, especialista en Antropología Rural de la Facultad de Filosofía y Letras.

"De más está decir que el mercado nunca fue amigable con estos productores, pero la falta de regulaciones por parte del Estado lo volvió directamente hostil".

Concluye. "El proyecto también se justifica como un modo de modernizar la ley a la luz de los avances biotecnológicos. Pero no contiene ni un renglón sobre transgénesis, edición génica, 'grafting' o epigenética. Es decir, las nuevas tecnologías son parte de la argumentación de su necesidad de cambio, pero no forman parte de la letra de la nueva ley", suma Schrauf.

"Las leyes de propiedad intelectual, especialmente las patentes, más que reconocimientos a la investigación, se constituyeron en herramientas de dominio del mercado. Cuando se posibilitó en Estados Unidos el patentamiento de genes y organismos, se aceleró la monopolización de la industria semillera. Una cuestión muy preocupante es la pérdida de diversidad genética de cultivos, pues estas compañías no están interesadas en cuidar el acervo genético una vez que consiguen una línea que tiene buen y estable rendimiento", advierte también el informe.

Para los consumidores, el impacto cotidiano va desde las cuestiones aparentemente más básicas (los tomates que consumimos tienen menos sabor que antaño, por ejemplo), hasta las consecuencias aún no estudiadas en la salud de ciertas modificaciones de semillas.

Los "daños colaterales", la pérdida de superficie de hectáreas de bosque nativo en la Argentina, el mentado "cambio climático", la agroecología y las alternativas a la hegemonía, las experiencias de producción colectiva, como la de Unión de Trabajadores de la Tierra, además del engaño que suponen los intentos de modificación presentados como "Ley Inta" (como si este organismo, actualmente desfinanciado, fuese el mayor beneficiario de las posibles modificaciones)", también son temas analizados por diversos investigadores universitarios.

Atenti con las ideas de "modernización": suelen venir con viejas mañas bajo la manga.

Se sabe que sectores del agronegocio, de las transnacionales, y de funcionarios de agricultura y otros, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de ley de semillas. Según los borradores que se conocen y por declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las obtenciones vegetales) y las transnacionales.

LAS 10 RAZONES PARA LUCHAR CONTRA EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SEMILLAS Y CREACIONES FITOGENETICAS:

1 - La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, "el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida".

2 - Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de nuestro país al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales.

3 - Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genética utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica.

4 - Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter

5 - Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales.

6 - Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las mismas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular.

7 - Otorga a las empresas semilleras el "poder de policía", ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente.

8 - Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas.

9 - El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate.

10 - El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto.

Por ultimo las organizaciones firmantes concluyen: 

Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola, es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.